Con el despido fulminante de la Secretaria de Seguridad Interna Kirstjen Nielsen, el retiro de la nominación de Ronald Vitello para dirigir la Oficina de Migración y Aduanas (ICE) y el empujón a otros altos funcionarios de seguridad nacional, el presidente Donald Trump dejó en claro que su fracaso para contener la crisis migratoria en la frontera es propiedad de su gobierno y resultado de políticas erráticas que complicaron el problema.
La purga de altos funcionarios confirma asimismo que el presidente Trump desea, nuevamente, convertir el delicado asunto de la seguridad fronteriza en la punta de lanza de su campaña de reelección en las elecciones presidenciales del 2020. El presidente que no ha logrado su promesa de construir un “hermoso muro” fronterizo, ahora sólo podrá venderles a sus votantes la idea de que por lo menos hizo el intento.
Todo lo cual hace posible anticipar, lamentablemente, un endurecimiento de las políticas migratorias para el resto de la administración Trump, con la llegada de funcionarios a posiciones claves en al aparato de seguridad fronteriza que, o se identifican con la línea dura del presidente en materia de control migratorio, o tienen una disposición orgánica a decirle que sí a todas las directrices de la Casa Blanca, racionales o no.
No va a importar que algunas de las decisiones ejecutivas más draconianas de la Casa Blanca sigan siendo bloqueadas por las cortes estadounidenses. El presidente podrá hacer campaña enarbolando la banderita de la emergencia nacional, de los peligros que entraña para el país una supuesta “invasión” de caravanas de migrantes empobrecidos y culpará de todo a los demócratas, a México o a los países centroamericanos.
Apenas el lunes, el Juez de Distrito de San Francisco Richard Seeborg, puso en suspenso temporalmente la polémica política de Trump bautizada como “Quédense en México”, a través de la cual los solicitantes de asilo político procedentes de Centroamérica que habían recibido una cita oficial para una audiencia migratoria tenían que esperar su turno en territorio mexicano.
Se trató de un serio revés judicial para un presidente que viajó a la frontera, no para supervisar el estado de cientos de familias migrantes que habían sido dejadas a la intemperie debajo de un puente, sino para llevar el mensaje de que Estados Unidos estaba “lleno” y que no podía aceptar a nadie más. Los tribunales le recordaron a Trump que el poder ejecutivo no está por encima de las leyes.
El pánico es un mal consejero. La conducta del presidente en el despido serial de algunos de sus más cercanos colaboradores sugiere que la Casa Blanca entró a una espiral descendiente conforme se enfila a las elecciones del 2020. Tristemente quienes pagarán los platos rotos de una política migratoria cruel y desalmada serán los más vulnerables y necesitados, los niños migrantes.
Para los millones de latinos indignados por las consecuencias de estas políticas, la opción es clara: hacerse ciudadano, registrarse como votante y acudir a las urnas a darle su voto a candidatos que apoyen políticas migratorias sensibles, dignas y humanitarias.
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